Preocupación en organismos de DDHH tras un crimen en Córdoba

Susana Beatriz Montoya, de 74 años, apareció muerta en su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Aunque se aguardan resultados de la autopsia, presentaba signos de haber sido víctima de una muerte violenta: un golpe en la cabeza y un corte fatal. 

Aparentemente, lo primero fue el golpe, provocado por un objeto pesado.

Hasta allí, un parte policial más, con una particularidad: la mujer asesinada es la madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y asesinado en la dictadura, aún hoy desaparecido.

El parentesco de la víctima también podría no ser relevante si no fuera porque, junto con el cuerpo de su madre muerta, su propio hijo Fernando Albareda encontró un mensaje como los que dejaba la Triple A, la organización paramilitar que en los '70 amenazó, secuestró y mató a lo largo y a lo ancho del país.

En una pared de la casa escribieron: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Estaba escrito en rojo, aparentemente con un lápiz labial.

Preocupación por posibles connotaciones
Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba tomaron conocimiento del hecho muy temprano y están al aguardo de las novedades que se produzcan con el reporte definitivo de la autopsia y con otros detalles de la investigación que puedan arrojar luz y clarificar algunas de las muchas hipótesis que podrían presentarse en un caso como este.

Son cautos y al mismo tiempo, hay una profunda preocupación por las posibles implicancias de un crimen de estas características. Evalúan alternativas frente a las posibles conclusiones.

En el balance, los investigadores deberán confirmar si se puede configurar un homicidio en ocasión de robo. Primero debería constarse el robo y segundo, los perpetradores deberían conocer no solo el historial de la familia, sino también tener algún manejo político como para establecer la amenaza. Difícil, no imposible.

En la información preliminar, no se podía confirmar que hubiese habido robo; solo se encontró un gran desorden y a la mujer ya fallecida en el patio. En principio, no se encontraron signos de que se haya forzado alguna abertura para el ingreso en la vivienda.

Al mismo tiempo, parece oportuno hacer notar que el episodio se produce después de reiteradas amenazas.

Desde el Frente de Izquierda en la provincia, las denuncias ya circulan de manera formal.

Antecedentes inmediatos
El 8 de diciembre del año pasado Fernando Albareda había recibido fuertes amenazas. Cuando abrió la puerta de ingreso para salir a la calle vio que le habían pegado carteles amenazantes, con cruces esvásticas nazis y, además, le habían dejado seis proyectiles de armas de fuego.

“Sos hijo de Terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía. No vayas más a la EZC (escuela) ni a la Jefatura. Va a morir. Te vamos a juntar con tu papito”, decían algunos de los panfletos anónimos que dejaron en la madrugada en su domicilio.

En esos días, consultado por cba24n.com.ar, Albareda contó que no es la primera vez que recibe amenazas, pero hacía mucho tiempo que no se ejercía este tipo de violencia en contra de su familia.

Cosa Juzgada
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. 

Según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la “Causa Albareda”), fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo” o “La Casa de Hidráulica”, que funcionaba a metros del Dique San Roque. 
El titular del D2, Raúl Telledín y miembros de la patota de ese campo de concentración Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.

En mayo de este año el gobierno de la provincia de Córdoba decretó su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”.
Y en paralelo, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia se produjo la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley que reconoce a trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado.