Las cooperativas misioneras al borde de la desaparición por la desregulación y la importación

Los niveles de tensión siguen en aumento en Misiones. Durante el último mes hubo desalojos y persecución con fuerzas provinciales a pequeños productores yerbateros. El gobierno misionero juega a dos puntas: reconoce el reclamo por un precio justo de la hoja de yerba, pero no exige un cambio en las políticas de desregulación que impulsa el gobierno nacional. Esas políticas mantienen consenso entre representantes de la industria yerbatera, mientras que las empresas más grandes incrementan su facturación. Los pequeños productores saben que tienen los días contados y que el paso siguiente será mayor concentración de la tierra.

Se trata de un conflicto alejado de los grandes conglomerados urbanos. Sin embargo, este conflicto define el precio de la yerba en la góndola de los supermercados. La yerba es uno de los alimentos que se encuentra en la mayoría de los hogares, la infusión de mayor consumo en el país. 

 
 
Cómo se construye el precio
Un kilo de yerba de primera marca ronda entre los 3.000 y 4.000 pesos en los supermercados, un precio similar al de diciembre del 2023. Si repasamos el largo proceso de producción y elaboración, este precio no cierra por ningún lado: alguien lo está subsidiando y todo indica que es “con la de los productores”. ¿Por qué? A los productores se les está pagando entre 200 y 280 pesos, en el mejor de los casos, el kilogramo de hoja verde. Para tener 1 kilo de yerba empaquetada en la góndola, se requieren 3 kilos de hoja verde. De esa manera, solo en la materia prima, el costo es de 600 pesos. A ese número hay que sumar los fletes internos, el secado, el estacionado, la molienda, el envasado, los costos administrativos, la ganancia de los mercados.

En Argentina, solo tres marcas poseen cerca del 40% de las ventas del mercado interno y menos de diez controlan más del 80% de la venta, entre ellas, los establecimientos Las Marías (Taragüi), Liebig (Playadito), Santa Ana (Cbsé) y La Cachuera (Amanda). Las empresas más grandes de la industria yerbatera llegan al precio actual en góndola actual por varios factores:

En 2023 remarcaron los precios para cubrirse de la inflación. El precio tan alto de la yerba fue un tema de discusión pública desde mediados de 2023, esto les dio un gran margen de ganancia y capacidad para retrotraerse con los precios.
En 2024, el consumo disminuyó más de 9%, es decir, cayó abruptamente la venta de yerba mate, la infusión más popular de la Argentina.
Pero por, sobre todo, la decisión de desregular el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a partir del DNU 70/2023, que quitó la capacidad de ese organismo de regular el precio de la hoja verde y le volvió a dar a la industria un lugar por donde ajustar: los pequeños productores.
El riesgo ahora es que desaparezcan pequeños productores y que se pierdan cooperativas, dos de las características principales del sector yerbatero en Misiones, lo que se traduciría en una mayor concentración de la industria en toda la cadena y las tierras en pocas manos. 

Mientras la industria paga 200 pesos por el kilo de hoja verde, los productores reclaman que sea de 375 pesos, el precio que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) había acordado por última vez en 2024. En tanto, el precio que los productores dicen que sería justo, estaría por arriba de los 500 pesos. Queda claro entonces que, si el precio se construye sobre la base de precio INYM, el kilo de yerba en góndola no podría ser nunca de 3.000 pesos. «Es un valor que surge de distribuir pobreza y miseria a los productores y tareferos de la provincia de Misiones. Se está pagando miseria al productor y eso no es justo, porque se corre el riesgo de tener que abandonar las chacras», explica, con preocupación, Ivan Sand, productor de yerba mate de Oberá.

Siempre alguien controla el precio. Lo puede hacer una institución del Estado, con la complejidad que eso conlleva o un puñado de empresas. Con las medidas desregulatorias de gobierno nacional, los miles de productores y millones de consumidores, dependemos del humor de un puñado de empresas. 

Efectos de la desregulación
La desregulación del mercado de la yerba mate impulsada por el gobierno nacional no es solo el haberle quitado al INYM la potestad de fijar el precio de la materia prima. Otro de los puntos fuertes de la desregulación es la apertura de las importaciones: bajar los impuestos y permitir el ingreso formal de la hoja verde y yerba canchada —secada y con un proceso de molienda gruesa— de los países limítrofes, en particular, de Paraguay y Brasil.

Para que la industria pague 200 pesos el kilo de la hoja verde a los productores locales, es clave el efecto disciplinamiento: o los productores venden a 200 pesos el kilo o las empresas traen la materia prima desde afuera. El ingreso de hoja verde y yerba canchada de los países vecinos fue un 140% más que en 2023, según el INYM. 

El desfinanciamiento y vaciamiento del INYM deja sin ninguna protección al sector de los pequeños productores. Los productores de menos de 30 hectáreas son poco más del 90% del total de los cultivadores de yerba mate en Misiones, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). «Con la potestad del INYM vigente teníamos una grilla de costos, un precio de base, medianamente se respetaba el precio para el productor. A la desregulación del instituto se sumó otro combo: sobreproducción de hoja verde y eliminación del Impuesto País a las importaciones de yerba mate. Todo ese combo hizo que el precio de la hoja verde y la yerba mate canchada vaya a la baja», explica Héctor Dingler, productor y presidente de la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo.

Otra tarea que realizaba el INYM, que impactó en la oferta de hoja verde y en el precio de la cosecha, era la regulación sobre la superficie a plantar por cada productor o empresa. «Estas desregulaciones desbalancean la oferta de materia prima e inclinan la balanza a favor las grandes empresas. El productor no va tener opción: va a dejar sus chacras, y esas chacras serán parte de las grandes industrias, llevando a la concentración de tierras», anticipa Sand.

El sector cooperativo en alerta
Las cooperativas yerbateras, conformadas principalmente por socios productores y colonos, también van a tender a desaparecer bajo este modelo de desregulación o dependerán, cada vez más, de las políticas comerciales de las empresas más grandes. Misiones tiene una extensa historia de cooperativismo, en particular, en el sector yerbatero, donde se encuentran las cooperativas más activas. Las cooperativas prestan diversos servicios, funcionan como secadero y comercializan yerba canchada, otras tienen registradas marcas propias con las que llegan hasta la góndola; y otras pocas cubren todo el proceso.

Estas cooperativas crecieron y mejoraron su funcionamiento para poder defender el precio de la hoja verde, para defender su materia prima, porque esta nueva coyuntura no es algo nuevo en la historia argentina: sucede cada vez que un gobierno liberal está en el poder.  «Competir con el precio de hoja verde de los países vecinos, con los niveles impositivos y costos de producción que tiene Argentina es imposible, si esto continúa nos vamos a fundir», sostienen desde varios secaderos, mientras que varias de las cooperativas que poseen marca propia afirman que competir con las grandes empresas en la góndola, con las ventajas que tienen por la desregulación de precios y posibilidad de importar, las lleva a tener los días contados. 

Otro capítulo es el rol que juega el gobierno de Misiones, a cargo de Hugo Passalacqua, en todo este conflicto. «La carga impositiva es altísima, loscostos energéticos están por encima de cualquier otra provincia, y la aduana paralela de la provincia es imposible de seguir tolerando. No alcanza solo con regular el precio de la hoja verde, si los costos de producción te dejan afuera del mercado”, reclama Samuel Doichele, productor de Colonia Wanda.

La provincia hace un doble juego: a los productores les dice que los reclamos son justos, pero sus diputados y senadores terminan bancando las políticas oficiales o poco hacen para impedir el desarme y desfinanciamiento del INYM.

El conflicto yerbatero, una historia de lucha por la tierra

En lo que va de 2025, los cortes de ruta se mantuvieron e intensificaron. El descontento crece, el gobierno provincial no tiene voluntad de solucionar el conflicto. «Las asociaciones y productores autoconvocados se están organizando cada uno en sus colonias; hubo movilizaciones fuertes en el cruce San José y frente a la Agencia Tributaria de Misiones. También postas al costado de las rutas en varios puntos. Los reclamos siguen en torno al precio de la hoja verde y para que se normalice el INYM», resume Sand. 

Dingler cuenta que en la zona centro y norte, los productores están movilizados en las orillas de la ruta, controlando que no circule hoja verde ni yerba canchada. Es un paro yerbatero con tiempo indeterminado hasta que se solucione el conflicto. De igual forma, Javier Otto, productor yerbatero de Andresito, norte de Misiones, comenta que el objetivo de los productores es que se respete un precio justo para el productor. «El margen para sostener el costo es 360 pesos el kilo, necesitamos un mínimo margen de ganancia. Acá seguimos con la protesta «, sostiene.

Además, existe desconcierto por parte de los productores sobre el nivel de virulencia de las fuerzas de seguridad. «Ha habido desalojos y detenidos en los cortes de ruta. Directamente nos están marcando para amedrentarnos», expresan varios productores que estuvieron presentes en distintos cortes.

Para Sand, este es un capítulo más de una larga historia que tiene la actividad yerbatera. El productor recuerda el 15 de marzo de 1936, cuando muchos productores salieron desde las colonias de la localidad de Campo Viera y marcharon a Oberá, en un hecho recordado como la Masacre de Oberá. Menciona lo ocurrido en la década de 1970, cuando el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y Las Ligas Agrarias sufrieron la persecución de la última dictadura cívico-militar por reclamar un precio justo para la yerba y para el té. Finalmente llega a la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem aplicó una desregulación nociva para la actividad de la yerba y otras actividades regionales. «En la actualidad vuelve a ocurrir. En los años 30 vinieron por las chacras de mis abuelos, en los 70 por la chacra de mis padres y ahora vienen por la mía», concluye.

*Agustín Suárez es integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET-UTT).

Fotos: Julio Pettersen. Fuente: Agencia Tierra Viva.